La reforma del sistema judicial español: otra pesada herencia de Gallardón

 

De la herencia de Gallardón, por su paso por el Ministerio de Justicia, todo el mundo se ha centrado, tras su dimisión, en su reaccionaria ley del aborto, pero también es preciso recordar su reforma sobre las tasas judiciales, y ahora se anda tramitando la reforma del poder judicial en sede parlamentaria, y si no se consigue su devolución, estaremos en presencia de un sistema judicial fuertemente centralizado, alejado de los ciudadanos, y fuertemente elitista.

Llevamos desde abril con la tramitación de este proyecto, en el que un ufano ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, manifestando que en sus delirios de grandeza, que esta es la Justicia del siglo XXI, pero podemos apuntar que el alejamiento de las instancias judiciales se alejarán todavía más de las ciudadanos, que a través de un diseño, ciertamente complejo, del sistema judicial en los que se eliminan los Juzgados, para crear un Tribunal Provincial de Instancia (TIPI), que tendrá su sede en la capital de cada provincia. Lo que el declara el ministro de que supone “una clara apuesta por la profesionalización de la Administración de Justicia”, no puede dejar de esconder desaparecer todos los juzgados que existen actualmente en los pueblos, lo que obligará a los ciudadanos a desplazarse a la capital de su provincia siempre que tengan que acudir ante la Justicia, según este señor “los partidos judiciales eran propios del siglo XIX cuando “los transportes y las comunicaciones eran difíciles y, por consiguiente, convenía una presencia territorial difusa de la judicatura”, pero uno profundizando un poco se da cuenta que al conseguir macro ciudades judiciales, al tener que hacer viable esta decisión, tendrán que trasladarse, no sólo todos los jueces a las capitales, sino toda la oficina judicial necesaria para que la Administración de Justicia funcione, lo que supone contar con unos edificios y espacios que a día de hoy no existen, e imagínense esta arma de destrucción masiva, miedo me da que ese masivo traslado, y más viendo los hábiles que son estos señores, de tener unas tijeras muy finas.

En España hay 4.543. Un ratio de unos 10 jueces por cada 100.000 habitantes. La Comisión de la UE para la Eficacia de la Justicia (Cepej), la sitúa en el puesto 37 de un total de 46 países del continente, 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 21,3, eso si somos un monumento al gran número de abogados por juez (26’7), y tenemos uno de esos cuerpos, que esto sí que es un vestigio reaccionario del siglo XIX, en tanto que se necesitaban personas que evitaran el traslado del justiciable en los asuntos de meros tramites, pues ahí siguen existiendo los Procuradores, pero claro seguimos sin saber, cual es exactamente su función actual, en las que existen tantas posibilidades de notificación, que sigan existiendo, y donde su rol tiene como efecto inmediato, el encarecimiento de los asuntos judiciales.

En el anteproyecto, Ruiz-Gallardón alerta que esta reforma queda supeditada a la Ley de Demarcación y Planta. Una vez que esta pase por el trámite parlamentario y entre en vigor, el ministro da un plazo de un año a todas las comunidades autónomas para que envíen al Gobierno su propuesta de organización en materia de demarcación territorial. Esto supone un auténtico mazazo a los presidentes autonómicos y alcaldes, que van a ver cómo en plenas elecciones municipales y autonómicas deben anunciar la supresión de gran parte de los juzgados.

Con las elecciones a la vista, plantear la eliminación de los juzgados tiene difícil venta para el electorado, que ya ha visto que el acceso a la Justicia se le ha complicado con este Gobierno tras la aprobación de las tasas judiciales. Junto a esto, también tendrá que ser modificado el Estatuto del Ministerio Fiscal, que deberá cambiar su estructura después de que hace siete años creara el fiscal de área precisamente para atender los partidos judiciales que ahora se eliminan.

En este orden de cosas hay que poner énfasis en que con la desaparición de los órganos unipersonales, sobre todo en el orden penal, al someter la decisión a tres personales, pues nos podemos encontrar fácilmente, que como necesariamente tendrá que buscar consensos, en vez de hacer una tramitación con más celeridad, las decisiones fundamentales de una instrucción penal, no cabe duda, tendrá que ser tomadas con más tiempo, será más difícil un punto común entre tres personas.

La reforma ha permitido recuperar un viejo proyecto de que los fiscales pasen a realizar la instrucción penal, es decir, asuman la potestad de investigar la comisión de los delitos, y para que esta propuesta sea viable y que vaya en el sentido de propiciar un acercamiento a los estatutos fiscales de otros países europeos, es preciso doblar ineludiblemente el número de fiscales, y que se haga un estatuto legal, que garantice su independencia del poder ejecutivo, con lo cual de no abordarse estas dos cuestiones previas, los resultados no podrán ser considerados más que catastróficos, y sabiendo que esta travesía en el desierto, no encuentro otra tesitura, que proponer la elección de fiscales directamente por los ciudadanos, o bien que tengan la autonomía que ahora no tienen, y es que amables lectores se imaginan la resolución del caso Noós, pues átense entonces que vienen curvas, ya todos sabemos, que visto las menguantes arcas públicas, y esta reforma vemos que será precisa una cuantiosa y elevada suma de dinero ( creación de grandes sedes judiciales, nombramiento de nuevos fiscales), pero me preocupa fundamentalmente una cuestión: el personal al servicio de la administración de justicia, y vistas las prácticas de Rajoy en materia de funcionarios públicos, pues uno se toca su ropa, y no hace más que sentir unos sudores bien fríos.

El Tribunal Provincial de Instancia (TPI) va a sustituir a los juzgados y a las audiencias provinciales, que trae de la mano la desaparición de los jueces decanos, que vienen siendo elegidos democráticamente por el resto de compañeros, lo que demuestra un cariz ciertamente reaccionario, como es que se propicia un mayor control político, y máxime cuando esa autoridad judicial provincial va a ser nombrada por El Consejo General del Poder Judicial, lo cual no anima mucho al optimismo, es evidente que podemos asistir a una mayor porosidad al control político, visto las circunstancias que nos encontramos.

Este nuevo modelo busca jerarquizar y crear una carrera judicial piramidal, semejante al Ministerio Fiscal, lo que podría vulnerar al juez predeterminado por ley, es decir, una visión tremendamente clasista y que no tiene otro sentido que tener muy controlado a determinados jueces díscolos, que pudieran aparecer en el futuro, más que nada veo cierto ropajes militares, y cuyo ropaje exterior es la toga judicial.

Este proyecto del gobierno no puede ser mirado como un proyecto aislado, debe contemplarse que Gallardón ha impuesto a su paso por el Ministerio de Justicia, tenemos que acabó con la jurisdicción universal, ha vaciado de competencias al C.G.P.J., seguimos con los efectos fatales de las prácticas para nombrar a los miembros del Poder Judicial, en definitiva estamos asistiendo a una forma de hacer, de acomodar a las elites gobernantes, tanto de las esferas públicas, y no conviene olvidarse, de la influencia real de los poderes económicos y de lobby judicial, que hacen presión a través de los medios de comunicación de masas, pues vemos que el panorama no hace más que tener muchas sombras, cuando deberíamos tener más luces, y tener un poder judicial que sea eso poder, que sirva de freno a la expansión del poder ejecutivo, es una muestra más de la debilidad de las estructuras democráticas .

Y para añadir más luces negras, o un paso más de menoscabar la independencia judicial, y prueba a los claro indicios racionales de una estructura fuertemente jerarquizada, y que la tutela judicial efectiva y el derecho a un juez natural; todo esto viene a colación, en tanto que quedarse como esta, se consagra una nueva medida de control, se consagra

la jurisprudencia vinculante del tribunal supremo lo que supone que ningún juez pueda discrepar de las interpretaciones que haya dado ese alto tribunal; esta medida, caso de cuajar, convertiría la función judicial en una reproducción automática de las decisiones del Supremo; seguramente los impulsores de esta reforma ven con malos ojos que muchos jueces han conseguido romper los corsés impuestos por el Supremo, en tanto que se han acogido a la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos, del tribunal de justicia de Luxemburgo, que buscan luz interpretativa en convenios y normas internacionales en vez de seguir de modo pacífico los criterios de un tribunal supremo que no es, ni mucho menos, infalible y que no siempre acierta.

Y claro esta reforma se nos anda metiendo, sin que nadie escuche las voces disidentes, una de ellas es la mía, sé que los ciudadanos tiene razón en haberse alejado, de ver con recelos a jueces y fiscales, son muchas las cosas a cambiar, pero la cuestión ahora es levantar el velo de esta reforma reaccionario de la justicia, vean ustedes que poco debate ha habido en su entorno, surgida en plena época de debates esencialistas patrios, y de otra ley que acapara los focos ( el aborto), y espero que este largo artículo les proporcione elementos que le hagan ve que no andamos en presencia de un asunto menor.

Y ahí tenemos encima otra pesada carga de la herencia de Gallardón, y en eso los madrileños sí que somos testigos de sus pesadas herencias, pero vemos que el reto de cimentar una ambiciosa modificación del poder judicial se anda acometiendo, pero percibida como una cuestión menor desde muchos ámbitos, y los periódicos escritos es buena prueba de ello, de la escasa importancia que se le anda dando a esta esencial reforma, que de entrar en vigor, estaríamos en presencia de una Justicia aún más reaccionaria; culminarán el desmantelamiento de lo poco que quedaba de un poder judicial independiente, vean ustedes que instantes de zozobra estamos viviendo, por eso en la medida que pueda, quiero que esta voz sea escuchada, estamos en un paso más de vaciamiento de las instituciones democráticas, siento ser tan pesimista, pero es que no tengo palabras de aliento.

Ando con la convicción profunda, que para defender la independencia judicial, es preciso hacer un gran esfuerzo de conocimientos, de todos y cada uno de los sistemas judiciales imperantes en nuestro entorno, pero vemos que los problemas nuestros se extienden también a muchos países, pero aquí agravado por nuestras penurias económicas en las arcas públicas, y entiendo y sostengo que la única salidas posible es democratizar hasta los últimos extremos este poder esencial del Estado, y reconociendo que en este mundo tan complejo, soy algo parecido a un árbol solitario, y con la convicción que mis puntos de vista no sean compartidos, y en espera de personas mas doctas que yo, propongo como colofón de este articulo la siguiente reflexión: soy partidario de que Fiscales y Jueces naturales ( Jueces de 1ª Instancia e Instrucción, o bien los antiguos Juzgados de Distrito, sean plenamente elegibles en votaciones por los ciudadanos, y estableciendo las debidas cautelas legales para que sean elegibles, y el Consejo General sería elegido entre todos los Jueces, y con respecto a los Fiscales garantizarles mucha más autonomía con respecto a las ordenes dimanantes del Fiscal General del Estado, a algunos les parecerá una locura, pero va siendo hora de plantear una reforma radical de nuestro sistema juridicial, y poner las cartas boca arriba, que la situación actual es muy grave, y que la salida, que propicia el gobierno del PP, es la constatación del vaciamiento de la pretendida independencia judicial, y sería una justicia de marcado carácter elitista y profundamente reaccionaria.